Por Centroamérica se entiende el conjunto de países formado por Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá (en conjunto ocupan una superficie de 523.000 km2). Aunque la República Dominicana no pertenece geográficamente a Centroamérica, son numerosos los lazos que unen a este país con la región. Políticamente República Dominicana ha comenzando su proceso de integración, y es miembro asociado del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y miembro de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD).

La situación de Centroamérica, puente entre América del Norte y América del Sur, dota a la región de especiales características desde el punto de vista medioambiental. La peculiar situación geográfica de Centroamérica, su configuración como un largo y estrecho territorio entre dos océanos, atravesada longitudinalmente por una cordillera con numerosos valles y cuencas hidrográficas, da lugar a una gran variedad de climas y formaciones que sustentan una gran diversidad biológica pero que también la hacen particularmente vulnerable al efecto de los distintos fenómenos naturales (terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, sunamis, etc.).

Centroamérica es una zona de una enorme diversidad biológica 1 . En la estrecha franja de tierra que configura el istmo centroamericano se han identificado según WWF (Fondo Mundial para la Vida Silvestre), 21 ecorregiones 2 . Una idea de la diversidad que alberga la región la puede dar el hecho de que en tan solo 523.000 km2 se encuentran cerca de 20.000 especies de plantas, tantas como en Estados Unidos cuya superficie es 20 veces mayor que la de Centroamérica. En la clasificación de los lugares más importantes para la biodiversidad del planeta que elaboró la WWF, los llamados «puntos críticos» de biodiversidad, la región mesoamericana es uno de los 25 «puntos críticos». Se calcula que la región, que representa tan solo el 0,5% de las tierras emergidas del planeta, puede contener entre el 7 y el 10% de la biodiversidad mundial. Este hecho confiere al territorio un marcado carácter estratégico a la hora de concentrar en él esfuerzos técnicos y financieros que contribuyan al fomento de modelos de desarrollo sostenible consecuentes con la conservación de un patrimonio natural de relevancia global.

Si sorprende el número de plantas y animales, los niveles de endemismos son también notables, lo que hace que la región sea un valioso muestrario de la historia de la vida en nuestro planeta. Esta megadiversidad es resultado de una combinación de factores de distinta índole que van desde la propia historia natural asociada a la configuración geográfica y climática de los diferentes territorios, hasta los patrones de asentamiento humano seguidos a lo largo de los siglos, la evolución demográfica, los modelos de producción, el uso de los recursos naturales, etc. En el territorio centroamericano se encuentran 4.715 plantas endémicas y 451 vertebrados endémicos. Se calcula, por ejemplo, que hasta el 70% de la flora vascular de las altas montañas de Guatemala es endémica (D’Arcy, 1977. Davis, 1986, Heywood,et al,1997). Las mayores tasas de endemismo se encuentran generalmente en los ecosistemas montanos y premontanos, ya que muchas de las montañas más altas de Mesoamérica constituyeron refugios de especies durante el último período glaciar, en el Pleistoceno. Por esta razón los mayores índices de endemismo se registran en los Altos Cuchumatanes, la Sierra de las Minas en Guatemala, así como en la Montañas Maya de Belice, la Cordillera de Talamanca entre Costa Rica y Panamá y en las serranías del Darién. Igualmente en la isla de La Española, ocupada mayormente por República Dominicana, el porcentaje de plantas endémicas alcanza el 36% y el de animales el 42% (Puerto Rico Conservation Center & The Nature Conservancy's Central Data Base). En la tabla número I puede verse la distribución de especies y algunos endemismos por país.

Esta enorme riqueza de la región guarda todavía variedades silvestres de muchas especies domesticadas. Si se pierde la diversidad biológica el riesgo de desaparición de variedades que pueden servir para mejorar la resistencia y calidad de las cultivadas es un riesgo real. Muchas de estas plantas junto a un gran número de animales han formado parte desde hace siglos de los usos que la población ha hecho de los recursos naturales. La creciente destrucción de los hábitats naturales por la ampliación de la frontera agrícola y la transformación de los usos del territorio, entre otras causas, amenaza la pervivencia de este patrimonio. De acuerdo a las estimaciones de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), en 2002 se han extinguido 4 especies y son muchas las que están en peligro de extinción. Unas 180 especies de animales y 549 de plantas están amenazadas en algún grado.

(Las cifras entre paréntesis indican el número de especies endémicas en algunos de los grupos.)
Fuente: Estrategias Nacionales de Biodiversidad; Geo 2000 (PNUMA); PNUD (2003): Segundo informe sobre desarrollo humano en Centroamérica y Panamá, San José; UICN (2002).

El Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas (SICAP) impulsa desde 1992 la preservación de la riqueza natural de la región. En este tiempo, el número de áreas protegidas ha crecido notablemente así como la superficie del territorio centroamericano que tiene algún tipo de protección. En la actualidad, una cuarta parte del territorio (24,8%) está protegido. En términos absolutos, de acuerdo a datos de la UICN para 2002, existirían unas 600 áreas protegidas declaradas; unos 12,5 millones de hectáreas de una enorme diversidad y riqueza biológica: muchas de estas áreas son lugares prioritarios para la conservación que abarcan dos o más países.

La conservación de la biodiversidad es una tarea regional para la que, desgraciadamente, las capacidades y la disponibilidad de recursos son muy dispares según los países. Los escasos presupuestos destinados a este objetivo se traducen en una notable escasez de personal para realizar las tareas de control y gestión de los espacios protegidos. Para paliar en parte estas carencias, están cobrando fuerza mecanismos de gestión de estos espacios basados en acuerdos de coadministración o comanejo de las mismas suscritos entre la administración y organizaciones privadas de diversa índole. Otra de las limitaciones que afronta la gestión de las áreas protegidas, desde una perspectiva regional, es la complejidad y dispersión de la normativa nacional aplicable en cada caso y la variedad de competencias institucionales sobre esta materia. Todo ello limita la coordinación, planificación y manejo del patrimonio natural y las ecorregiones que trascienden las fronteras nacionales.

Centroamérica es una región con abundantes recursos hídricos y altas precipitaciones. La cantidad promedio de lluvia anual (2.400 mm) en la región duplica la media mundial. Sin embargo, tanto la distribución espacial como estacional son muy desiguales. Por ejemplo, en algunos lugares del valle de Motagua en Guatemala –el área más seca de Centroamérica- se recogen menos de 500 mm/año dando lugar a formaciones vegetales típicas de desierto. En el extremo opuesto, en la desembocadura del río San Juan en el Atlántico nicaragüense se recogen hasta 7500 mm/año. La vertiente pacífica y la zona central del Istmo presentan la estacionalidad más marcada, con periodos secos de hasta siete meses de duración, lo que limita el desarrollo productivo y tiene repercusiones sobre las dotaciones básicas de agua. En el caso de República Dominicana, en el suroeste del país las precipitaciones alcanzan valores máximos de 350 a 400 mm año, siendo por tanto la disponibilidad de agua un factor limitante para el desarrollo. Por el contrario en el norte o en las cumbres de Pico Duarte, las precipitaciones superan fácilmente los 3.000 mm.

Una particularidad del sistema hidrológico centroamericano y de República Dominicana es que una gran cantidad de las cuencas hidrográficas son compartidas entre países lo que plantea la necesidad de incrementar la cooperación intergubernamental. En Centroamérica existen 23 cuencas internacionales que en términos de extensión territorial supone casi 40% de la región. En el caso dominicano, cuencas como la del Artibonito, tienen una importancia transcendental tanto para este país como para el vecino Haití. Es, por tanto, cada vez más urgente definir una visión regional sobre los recursos hídricos y crear los mecanismos que permitan una gestión adecuada de las cuencas teniendo en cuenta esta realidad. A pesar de la abundancia de recursos hídricos, más de la tercera parte de la población carece de un acceso adecuado al agua potable y al saneamiento. Al iniciarse el milenio 15 millones de centroamericanos están excluidos o tienen restringida la disponibilidad de este recurso tan vital como abundante en la región. La mitad de la población consume todavía agua de fuentes naturales primarias sin tratamiento alguno en la mayoría de los casos. Lo más grave del caso es que en los últimos 50 años, la disponibilidad per cápita de agua 3 se ha reducido en un 62% y la razón no ha sido únicamente el aumento de la población sino la pérdida o degradación de las fuentes de suministro por contaminación de acuíferos, deforestación, explotaciones irracionales, avance de la frontera agrícola, etc.

Las desigualdades en el acceso a este recurso son notorias entre países y dentro de cada país en el medio urbano y rural. En Costa Rica y Panamá la cobertura de la población urbana es casi completa frente al 88 % de Guatemala. La calidad del suministro es también un dato importante. Amplias zonas urbanas, sobre todo en Guatemala y Honduras, solo tienen acceso al agua unas pocas horas al día. Casi todas las ciudades centroamericanas adolecen de graves problemas en su red de distribución de agua potable. Según datos de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) más de una cuarta parte del suministro disponible se pierde por fugas en la red de distribución. La necesidad de inversiones para mejorar la eficacia y eficiencia en la provisión de este servicio y el impacto ambiental de una creciente demanda de agua son, sin duda, los mayores problemas que deberán resolverse en los próximos años. La cobertura en el medio rural presenta una disparidad enorme. En Nicaragua, por ejemplo, sólo el 39% de los hogares rurales tiene acceso al suministro de agua potable. En El Salvador y Guatemala es el 43% y en República Dominicana sólo el 56% de la población pobre cuenta con acceso al agua potable (Prioridades Ambientales y Opciones Estratégicas, 2004. Informe del Banco Mundial). Honduras (71%), Panamá (74%) y Costa Rica (92%) presentan las mejores coberturas 4 .

Tampoco puede perderse de vista que anualmente millares de niños y adultos enferman a causa de la mala calidad del agua que ingieren. Muchos problemas de salud que limitan las posibilidades de desarrollo comunitario y personal podrían solucionarse asegurando el tratamiento del agua y vigilando su calidad. A medio plazo, garantizar la disponibilidad de cantidades suficientes de agua de buena calidad es vital para sostener el desarrollo industrial y agrícola de la región.

En el mantenimiento de la biodiversidad y regulación del ciclo del agua juegan un papel esencial los bosques. En Centroamérica, de acuerdo a una estimación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la superficie boscosa estaría alrededor de 17,8 millones de hectáreas. Además de los servicios ambientales que procuran (captura de carbono, recarga de acuíferos, freno a la erosión, conservación de suelos, etc.) proporcionan bienes tradicionales para la alimentación popular y recursos que utiliza la gente en su vida cotidiana (madera para las casas, energía, plantas medicinales, etc.). En algunos países, además, tienen una relevancia económica muy importante (madera para la exportación). Con la excepción de Belice que utiliza adecuadamente las zonas aptas para bosques, en el resto de Centroamérica y República Dominicana hay una tendencia a transformar el bosque en áreas agrícolas o pastizales aunque no siempre sean éstos los usos adecuados del suelo.

Sin embargo, en la región centroamericana, los recursos forestales vienen sufriendo un histórico acoso a causa de una gestión inadecuada y por la ampliación de la frontera agrícola, destruyéndose así uno de los mejores activos para el desarrollo de la región.

En la siguiente tabla puede constatarse como avanza el proceso de desaparición de la cubierta forestal.

Fuente: FAO Montes

Es fácilmente apreciable la relación directa que existe entre el nivel de pobreza de estos países y el ritmo y magnitud de la desaparición de su cubierta forestal. Aun así, ni tan siquiera Costa Rica, con su reconocida política de áreas protegidas y actividades económicas vinculadas a las mismas, ha conseguido frenar completamente la regresión de sus bosques.

No obstante, desde finales de la década de los 90 el ritmo de deforestación parece estabilizado. Sobre todo en comparación con las décadas de los 70 y 80, años en los que las áreas boscosas sufrieron las mayores mermas. Persisten sin embargo algunas de las amenazas que tradicionalmente han contribuido a la degradación de los bosques. Así, por ejemplo, la falta de políticas de ordenación territorial, los inadecuados estímulos que se establecen para favorecer el desarrollo del sector agropecuario y la persistencia de la pobreza que hace que el consumo de leña sea todavía una de las principales causas de la deforestación. A este respecto conviene señalar que cerca del 90% de la madera que se corta en la región se utiliza como energía bien sea en usos domésticos o industriales. Según un informe de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) de los 28,69 millones de metros cúbicos de producción forestal en la región, tan solo 2,39 millones de metros cúbicos los utiliza la industria forestal. El resto, según todos los indicios, se destina a proveer de energía.

La reversión de este proceso y la utilización sostenible de los recursos forestales en beneficio de las comunidades locales está en la agenda de todos los gobiernos de la región. Se han conseguido avances importantes y en la actualidad está entrando en juego un nuevo factor que puede y debe contribuir a la conservación y recuperación del patrimonio forestal: la venta de servicios ambientales y la fijación de carbono.

Los recursos marino-costeros de la región (6.603 kilómetros de costa en dos océanos; 5 millones de kilómetros de aguas territoriales; 1.600 kilómetros de arrecifes –la segunda barrera arrecifal más grande del mundo–; el 8% de la superficie de manglar existente en el mundo: unas 270.000 hectáreas) también están sujetos a fuertes presiones medioambientales. La pesca y actividades conexas dan empleo a cerca de 185.000 personas en la región y, aproximadamente, 750 millones de dólares es la contribución del mar al PIB regional. Las pesquerías centroamericanas han sobre explotado algunos recursos y realizan sus actividades de forma inadecuada, aspectos ambos que amenazan la sostenibilidad de la actividad si no se modifican las prácticas y se pone atención a la necesaria modernización de este sector. El auge de la acuicultura en el litoral de pacífico durante la última década ha provocado cam-bios significativos en el uso del territorio en ampliaszonas de Honduras, Nicaragua y Panamá. La expansión de las actividades camaroneras ha supuesto la disminución de la superficie de manglares afectando este ecosistema. A todo ello se suma la contaminación que procedente de tierra adentro afecta el ambiente marino-costero.

La contaminación agrícola por residuos de agroquímicos y los vertidos de las cuencas más urbanizadas e industrializadas sin ningún tratamiento previo están produciendo un aumento en los procesos de nitrificación de las aguas costeras, brotes de algas y mareas rojas, con las consiguientes pérdidas para las comunidades de pescadores que dependen de la pesca artesanal y el daño, a veces irreversible, sobre los organismos y ecosistemas. En el litoral del Atlántico un motivo de preocupación ambiental suplementario lo constituye el efecto que sobre la barrera de arrecifes puede estar teniendo la actividad pesquera. Aunque no hay todavía estudios científicos concluyentes sobre estos impactos, lo cierto es que si la calidad de los recursos marino-costeros se ve afectada, las alternativas emergentes que han suscitado expectativas de desarrollo en la región como la explotación turística, pueden verse abocadas al fracaso.

Cada vez es más patente que la conservación de la biodiversidad, la calidad del agua, la gestión sostenible de los bosques, preservar los suelos y proteger los recursos marinos son condiciones ineludibles para asegurar una vida digna a la creciente población que aspira a satisfacer sus necesidades básicas para ejercer sus derechos de ciudadanía.

Desde el punto de vista de la situación ambiental en Centroamérica y República Dominicana la creciente urbanización de la región es un elemento crítico. El crecimiento de las áreas urbanas ha transformado radicalmente muchos de los paisajes de la región y ha generado problemas a los que todavía no se ha dado una adecuada solución. Uno de los más acuciantes es el tratamiento de las aguas residuales que la concentración de población genera. Los sistemas de alcantarillado no han crecido al ritmo al que lo han hecho los habitantes de las ciudades dando como resultado un número enorme de hogares que no están conectados a estas redes. El problema se resuelve mediante el recurso a fosas sépticas individuales en el mejor de los casos. Costa Rica que es el país con mayor porcentaje de hogares conectados a redes de alcantarillado, tan solo registra un modesto 35% de la población urbana conectada a este servicio. Otro caso, en República Dominicana, en los últimos 30 años, la población se ha duplicado y la población urbana se ha triplicado. Al año 2.025, el 85% de la población vivirá en las ciudades, lo que constituirá una gran presión para los centros urbanos e incrementará la demanda de servicios básicos ambientales de suministro de agua y alcantarillado (Prioridades Ambientales y Opciones Estratégicas, 2004. Informe del Banco Mundial). Si de por sí es escaso el número de hogares conectados a las redes de alcantarillado, todavía es mucho menor la cantidad de aguas residuales que se depuran antes de ser vertidas a los cauces de agua. Según distintas estimaciones de la OPS/OMS (Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud) tan solo entre un 2% y un 4% de las aguas captadas son tratadas. El resultado es una creciente contaminación de las aguas superficiales y de muchos acuíferos. En algunos lugares la situación ha llegado a ser crítica. Por ejemplo la cuenca del lago Amatitlan en Guatemala presenta tal grado de contaminación que la vida prácticamente ha desaparecido de todos los ríos de la cuenca. El lago de Managua presenta índices de contaminación por vertidos urbanos preocupantes.

Situaciones que se repiten en Honduras en el río Choluteca al que vierte sus residuos la ciudad de Tegucigalpa o el Chamalecón en San Pedro Sula; El Lempa y el Acelhuate en El Salvador o la bahía de Panamá que recibe todos los vertidos de los 800.000 habitantes de Ciudad de Panamá sin ningún tratamiento.

La recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) es otro de los retos que enfrenta el medio ambiente de la región. Solamente las capitales centroamericanas producen diariamente 4.880 toneladas métricas de basura, de las que poco más del 75% se recoge y se deposita en vertederos controlados. Los desechos industriales aumentan como lógica consecuencia del establecimiento de empresas en la región y la creciente industrialización y proliferación de talleres y emprendimientos industriales. Sin embargo, ni las autoridades ni los servicios de tratamiento de los RSU han dado una respuesta a esta realidad.

Finalmente, señalar la reciente aparición de otro problema ambiental derivado del creciente aumento de vehículos de motor en la región, sobre todo en las áreas urbanas. La legislación en exceso tolerante sobre las emisiones permitidas para este tipo de vehículos y el acceso de amplias capas de la población al automóvil gracias a la mejora del poder adquisitivo de los habitantes de las ciudades está planteando problemas de contaminación atmosférica en las principales ciudades centroamericanas que ocasionan problemas de salud importantes.

La gestión del medio ambiente natural y los esfuerzos que se hagan para su conservación no deben perder de vista la situación socioeconómica de la población centroamericana y dominicana. La población estimada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) para el istmo en su conjunto en 2.003 es de 37 millones de habitantes (alrededor de 40 millones de habitantes si consideramos la República Dominicana). El 46% de la población son hombres y el 54% mujeres. El 40% de la población tiene menos de 15 años. El 57%, entre 15 y 64 años y el 3% tiene más de 65 años. Hay importantes poblaciones indígenas a las que recientemente se les ha reconocido el decisivo papel que han tenido en la conservación y preservación del patrimonio natural de la región. Tanto en materia de conservación como en otros ámbitos de la vida pública nacional, las poblaciones indígenas son agentes sociales con voz propia que reclaman el protagonismo que les corresponde en la construcción de la identidad centroamericana y en el modelo de desarrollo de la región. En Guatemala, el 60% de sus habitantes proceden de alguna etnia indígena, en Honduras este porcentaje es del 5%, en Panamá del 8% y en Costa Rica del 1%. Con la excepción de Costa Rica y Panamá, el porcentaje de población bajo la línea de pobreza presenta valores alrededor del 50% de la población. Especialmente preocupantes son las situaciones de Honduras y Nicaragua dónde respectivamente el 54,4% y el 42,3% están por debajo de la línea de indigencia. Además en casi todos los casos la pobreza es más elevada en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Solamente en Costa Rica y en República Dominicana no hay una diferencia importante entre los índices de las áreas urbanas y rurales.

La incidencia de la pobreza en amplias capas de la población es particularmente importante con relación a las políticas de conservación de los recursos naturales. Por lo general, suelen ser las poblaciones más pobres las que permanecen vinculadas al sector agropecuario tradicional y, por su misma situación de privación e imposibilidad de acceso a otros bienes que provee el Estado (educación, salud, asistencia técnica, etc.), suelen hacer un uso muy ineficiente de los recursos naturales con la consiguiente agravación de su situación de partida y deterioro constante de su capital natural del que dependen para sobrevivir. El medio ambiente representa, por tanto, una dimensión fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. El equilibrio de los ecosistemas, la diversidad biológica constituyen recursos irremplazables. Razón por la que la conservación de este patrimonio natural es una tarea irremplazable y urgente. Para la población más pobre es la condición de su supervivencia a través de la agricultura, la pesca, la madera de los bosques y los productos forestales no maderables y la posibilidad de disponer de agua de calidad en cantidades adecuadas.

El enfoque del desarrollo sostenible trata de conciliar las demandas humanas con la capacidad de tolerancia de la naturaleza. Es un nuevo paradigma de conocimiento y acción que requiere repensar y desarrollar nuevas habilidades capaces de integrar de manera práctica esa nueva relación hombre-naturaleza.