Introducción

La incorporación del enfoque de género es uno de los principios básicos que, ya desde su propia formulación en el Plan Director, caracteriza las estrategias y acciones de la Cooperación española.

Una revisión de los indicadores de género en la región centroamericana constata la precarización del empleo femenino y el mantenimiento de las brechas de inequidad en los ingresos, además de las escasas oportunidades de las mujeres pobres para avanzar en autonomía económica.

Las tasas de participación en la vida económica de las mujeres continúan siendo bajas en varios países de la región (menos del 50% en la mayoría de los países) y  las brechas de desempleo respecto de los hombres siguen siendo altas. Por añadidura, en la mayoría de los países de la región un porcentaje muy alto de mujeres (alrededor del 60% de las ocupadas) pertenece a sectores de baja productividad, lo que incide en sus bajos ingresos y en sus condiciones de trabajo. Las mujeres pobres de todos los países de la región tendrán más dificultades para salir de la pobreza en la medida que afrontan dificultades para su inserción en el mercado laboral.

Desde el punto de vista de la Educación se aprecia mayor equidad entre hombres y mujeres. Pese a que aún algunos países no logran aumentar sus coberturas de matrícula primaria al 100%, de acuerdo a las metas del milenio, la disparidad entre sexos es muy pequeña y en varios casos favorece a las mujeres. Especialmente preocupantes son las altas tasas de deserción escolar que se producen en la población joven de la región, indicador de alto riesgo para sus proyectos y calidad de vida futuros.

Sin embargo, el analfabetismo en las mujeres entre 2000-2005 aumentó con relación al período anterior. Al respecto varios países presentan tasas de analfabetismo de en torno al 30% de las mujeres de 15 años y más. Estas brechas aumentan en las mujeres de 60 años y más.

En lo que respecta al sector Salud, se constata que la mayor esperanza de vida de las mujeres no se traduce en años con mejor calidad de vida, ya que muchas de esas mujeres son analfabetas, enfermas crónicas, sin ingresos estables, sin vivienda propia, sin seguridad social ni acceso a servicios de salud de calidad.

Los principales problemas de salud de las mujeres de la región siguen siendo los vinculados a la salud sexual y reproductiva, destacando las altas tasas de mortalidad materna que se agudizan entre las mujeres rurales e indígenas. ES necesario señalar asimismo que cuando hay alta asistencia profesional del parto esta mortalidad puede estar asociada a servicios de calidad precaria. El embarazo de las adolescentes ha ido también en aumento en la región (entre un 15 y 30% de los nacidos vivos en el año 2004): la alta fecundidad en algunos países y el difícil acceso a métodos de anticoncepción modernos se mantiene presente en la región.

Por otra parte, pese a que desde hace décadas se están haciendo denuncias y campañas sistemáticas, el problema de la violencia persiste y se agudiza en la región. Existen también dificultades asociadas a los sistemas de registro de las instituciones públicas que permitan evaluar su evolución en el tiempo y la comparación entre países. Al mismo tiempo, la información oportuna y el acceso a la justicia son los problemas mencionados con mayor frecuencia por las víctimas en los diversos estudios realizados en la región.

La participación de las mujeres en la esfera pública se ha hecho más visible en la última década, aunque todavía no podemos hablar de paridad en el ejercicio de cargos en los espacios de toma de decisiones. En el caso de las más altas autoridades de la región, con la excepción de El Salvador y Guatemala, la representación de mujeres en este nivel disminuyó drásticamente respecto de cinco años atrás en la mayoría de los países. En los cargos a nivel local es donde se aprecian mayores avances, mientras que en los Parlamentos –salvo en el caso de Costa Rica- la situación es todavía muy precaria en cuanto a representación.

Se observa una notable variabilidad en las formas de acción entre organizaciones y mecanismos de equidad de género, aunque la mayoría se encuentra en proceso de consolidación institucional. También se aprecia un liderazgo relativo de los mecanismos frente a los procesos de diseño e implementación de política pública. Y existe un incipiente interés por centrar la acción en la “transversalización de género” y desarrollar su “política marco” (Plan Nacional de Equidad y similares). Sin embargo, la transversalización de género en temas estructurales, como presupuesto, planificación y descentralización, aún es muy limitada.

La equidad de género debe incorporarse decididamente al proceso de integración regional. En este sentido, como antecedentes de la incorporación de este enfoque al proceso de integración se pueden citar la Primera Reunión Subregional preparatoria para la IX Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se elaboró una propuesta conjunta que reúne las necesidades y prioridades de los países de la región para avanzar en la equidad entre hombres y mujeres, el Consejo de Ministras de Centroamérica (COMMCA), instancia regional orientada hacia la promoción de la equidad de género en las iniciativas que se desarrollan en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), organismo intergubernamental especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado para asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer.

En el propio ámbito de la cooperación bilateral se viene realizando un esfuerzo por impulsar, de manera sistemática, iniciativas para incorporar el enfoque de género en las intervenciones de la Cooperación Española de manera transversal, y de manera específica a través de proyectos y programas bilaterales que contemplen la equidad de género como uno de sus objetivos principales.